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jueves, 10 de marzo de 2016

Durante 16 años fue tolerada una red de trata de niñas blancas paquistaní en Gran Bretaña por temor a acusaciones de racismo.


La indignación en el pueblo británico es grande. Pero aún no ha llegado al punto que diga basta y se alce contra tanta barbarie institucionalizada.

En Sheffield el tribunal de justicia condenó a los principales cabecillas de una red de tráfico sexual con niñas, donde las violaciones y abusos sexuales de todo tipo se cometieron impunemente desde 1997 al 2013. La investigación de caso ha demostrado sin ningún lugar a dudas que tanto la policía, como el ayuntamiento y los servicios sociales, estaban en conocimiento de este deleznable comercio humano desde el año 1997 y habría hecho la vista gorda permitiendo la violación de alrededor de no menos de 1400 niñas.

La organización era liderada por una familia paquistaní, que actuaba en un entorno totalmente mafioso y los organismos estatales y comunitarios no actuaron en absoluto por el temor a verse involucrados en acusaciones de discriminación racial o de persecución religiosa por parte de la colectividad paquistaní musulmana.

Hasta este momento las consecuencias más graves de esta situación ha sido la dimisión en pleno del gobierno municipal del condado de Rotherham. Pero siguiendo las reglas demo partidocráticas, la responsabilidad se licuará entre todos los involucrados y en definitiva nadie rendirá las debidas cuentas por tamaña omisión y cobardía. Todo quedará en titulares y será olvidado en las próximas elecciones municipales. Responsabilidad democrática.

Un dato que no es menor es que las niñas violadas, estupradas y prostituídas, no eran musulmanas, ni procedían de la marea de refugiados. Por  el contrario, eran niñas blancas procedentes de familias pobres británicas. Así que hemos llegado al nivel en que unos cerdos semitas prostituyen y vejan a niñas europeas, con el consentimiento de las autoridades estatales, municipales y de servicio social. Todo en aras de la discriminación positiva.

Los principales responsables han sido condenados a penas de 35 años y el gobierno estudia revocarles la ciudadanía y expulsarlos del país. Junto a ellos, muchas personas han sido condenadas a penas mínimas de doce años de cárcel.  Pero la realidad es que ninguna condena podrá remediar el daño producido a casi un millar y medio de niñas europeas por estas escorias invasoras.

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